¿Cuál es la razón por la cual en la Argentina no logramos legislar a favor de una ley nacional que ponga fin a la tracción a sangre –TAS- en centros urbanos y suburbanos? ¿Qué es lo que existe detrás de la resistencia a aprobar esta ley? “Los carreros están al margen del sistema. Circulan como si nada, sin documentos, pero son intocables. Nadie está dispuesto a pagar el costo que implica prohibirlos”, afirma el veterinario Edgardo Di Salvo, miembro fundador y secretario de la Asociación Civil Lucha por la Integración Social y el Derecho Animal (Aluisa), que ya presentó por segunda vez una iniciativa legislativa en el Congreso de la Nación. “Hemos ingresado un proyecto parlamentario que se llama No Más TAS en 2017 y en 2019. El mes próximo lo haremos nuevamente. La idea es avanzar para que sea una prohibición penal y hacerlo en un tiempo que nos permita generar la sustitución de los carros por motos”, detalla.

Contar con una ley nacional y penal solucionaría un problema que abarca mucho más allá de los caballos, que continúan cayendo exhaustos ante la mirada de una sociedad incrédula y de la policía, que cuenta con pocas herramientas para terminar con este flagelo. “Es más fácil sumarse al relato populista de que no debemos criminalizar la pobreza”, cuestiona Di Salvo. “Quienes se empeñan en defender el argumento de que este es un modo válido de ganarse el sustento deberían contemplar todo lo que se oculta detrás de esta actividad, y las nefastas consecuencias que tiene para quienes conducen los carros. Como primera medida, se los condena a condiciones de subvivencia. Les robamos el presente y los condenamos a un futuro en condiciones de vulnerabilidad”, explica el directivo de Aluisa.

Es que debido a la falta de seguridad y de regulaciones, los accidentes de tránsito son moneda corriente; además, enfermedades como la leptospirosis, el hantavirus, la hepatitis y otras aparecen como una de las tantas consecuencias de revolver basura sin un criterio sanitario. La actividad implica también cerrar los ojos ante los niños que muchas veces conducen los carros, robándoles la niñez y la educación, amén de que son las mafias quienes finalmente se quedan con la mayoría del dinero del material de reciclaje, como el vidrio, el cartón, el aluminio y el papel. El valor de estos productos se maneja desde un ámbito en el que el reciclador no decide nada. Y esto deja a los carreros al margen de un sistema, en el que se mezclan punteros políticos y gente que gana mucho dinero. “No hay normas, no es un trabajo, pero podría serlo con normas de bioseguridad, con guantes, vestimenta acorde… De hecho, en la ciudad se hace este trabajo con todas las normas de salud y de seguridad”, recuerda el veterinario.

La tracción animal en las urbes es una modalidad de transporte asociada a los sectores más vulnerables. Según Unicef, esta es la segunda causa de trabajo infantil con 57.000 niños que circulan en torno a esta actividad. Suman 250.000 las familias que hacen uso de caballos como medio de transporte en las ciudades de nuestro país. Más de 70.000 equinos padecen cada día trabajos forzados en condiciones inadmisibles de maltrato y son despojados de la posibilidad de vivir acorde a su naturaleza.

Los carros se alquilan a 1500 pesos, los caballos trabajan durante doce horas seguidas hasta que son entregados y a las horas están nuevamente circulando, por lo que prácticamente no descansan. Están desnutridos, lastimados, con el espíritu quebrado, tomando agua de los charcos, traccionando hasta morir. La contrapartida a este oscuro problema son las organizaciones que trabajan incansablemente en el rescate de la mayor cantidad de animales posible. El Centro de Rescate y Rehabilitación Equino (CRRE) es hoy la organización más reconocida por su labor con los caballos. Florencia Sampietro, alma mater y cofundadora junto a Anabel Campos, relata: “Trabajé muchos años en asistencialismo, con carreros y sus caballos, a los que desparasitábamos y curábamos para luego devolvérselos. Conocí algunos que tenían a los caballos impecables, pero no eran la mayoría. Entonces empecé a sentir que, de la manera en que estábamos trabajando, no generábamos ningún cambio significativo. En cuanto nos íbamos del lugar, todo volvía para atrás. Ante la impotencia que sentíamos, decidimos crear el CRRE. Éramos muy chicos y lo hacíamos con nuestra plata, con lo poco que juntábamos. Pero fuimos creciendo y consiguiendo padrinos y adoptantes. Recibíamos casos cada vez más complejos. Levantábamos caballos caídos, algo que cuando empezamos nadie se animaba a hacer”.

Hoy, el CRRE cuenta con 37 hectáreas, hospital, 180 voluntarios y siete veterinarios que son los únicos que cobran sueldo por estar todo el día en actividad. “Tenemos veinte caballos amputados y muchos caballos ya viejos y con atrofias, para quienes es muy difícil conseguir adoptantes y los cuidamos hasta el último suspiro. Son animales que han sufrido toda la vida y les damos una vejez digna. Lo que alimenta la TAS son los frigoríficos y también las yeguas que salen de las granjas de sangre que se compran baratas”, dice Sampietro. “Hay que parar el robo y la faena. Hoy conseguir un caballo es muy barato. Hay que cortarlo del raíz”, agrega.

Patrulla rural

Desde hace dos años también, combaten junto a la Patrulla Rural de la policía bonaerense una nueva y cruel modalidad de “juego”: las cinchadas con carros. La noticia de que habrá una competencia corre como reguero de pólvora por el barrio. A una determinada hora, empiezan las apuestas. Los carros son atados por atrás y la cinchada comienza. Mientras los caballos son castigados, la gente grita enfervorizada. Quien arrastre al contrincante será el ganador. Cuando esto suceda, el caballo perdedor caerá al suelo o se dará vuelta fracturándose la columna. “A Jade, una yeguita hoy ya adoptada, la rescatamos de las cinchadas. Cayó y fue arrastrada, pero pudimos sacarla de allí y salvarla. Esto sucede en muchos lugares del conurbano. Pasa en Rodríguez, Varela, Moreno…”, cuenta Sampietro.

“Cuando se cae un caballo o nos avisan de caballos robados, contamos con la ayuda de la Patrulla Rural y especialmente del subcomisario Juan Manuel Rodríguez, a cargo de la patrulla en Pilar, que son los únicos que tienen un batán. Rodríguez se hizo conocido a raíz de un robo en La Plata a un jubilado. Al llegar al lugar y percatarse de que el perro que había recibido un tiro intentando defender a su dueño todavía respiraba, lo cargó inmediatamente en el auto y lo llevo a la veterinaria: le salvó la vida. Debido a sus antecedentes, fue trasladado a Pilar para hacerse cargo de la Patrulla Rural y terminó con los delitos de abigeato en nueve meses. “Hace 19 años que soy policía. Y siempre trato de hacer lo mejor, pero la conexión con los animales a uno lo transforma. Si bien me fascina el trabajo de policía, los animales me potencian. Me comprometo con cada caso y llegamos hasta el fondo. Detuvimos a los dos cuatreros más importantes. Somos 11 efectivos, un equipo. Aquí detenemos los carros si no tienen todo en regla. Confiscamos al animal, llamamos a zoonosis y secuestramos el carro, porque si no lo hacemos en dos días habrá otro animal atado a las varas. Son detenidos como cualquier otro vehículo. Se pide la documentación, la libreta que acredite la propiedad, el certificado de anemia; se constata que esté herrado, que no tenga lesiones, que el peso del carro no sea excesivo para el caballo. Tampoco permitimos que usen látigo”, describe Rodríguez.

Como ejemplo de sustitución de carros por vehículos a motor, el caso más exitoso estuvo a cargo de la Fundación Franz Weber (FFW)-Argentina y la Municipalidad de Godoy Cruz, un distrito cercano a la capital mendocina. “En 2018, hicimos una capacitación en reciclados de residuos para que la gente pudiera trabajar en cooperativas, trabajamos en la alfabetización, el aprendizaje del manejo del motocarro y todo lo que implica el cambio. Todo esto fue hecho en sincronía con la municipalidad, que otorgó a los carreros un crédito blando. Se sintieron integrados socialmente y esto significó un avance en lo económico y en lo social. Cuando se lograron suprimir todos los caballos por carros, recién ahí se prohibió la tracción a sangre en el distrito”, indica Alejandra García, quien dirige el Santuario Equidad y la FFW en Argentina. “Hay que trabajar en serio y coordinadamente, ya que esto afecta a las áreas de Desarrollo Social, Salud, Educación, Economía y Medio Ambiente. Pero con nuestra primera experiencia ha quedado demostrado que, cuando hay voluntad de hacerlo, se puede; mejora sensiblemente la vida de la gente y se termina el problema del maltrato a los caballos. Si no se hace de manera integral, no funciona”, aclara García.

• Centro de Rescate y Rehabilitación Equino: 11-6903-7345, centrocrre@gmail.com, www.centrocrre.org, @caballos_crre
• Asociación Civil Lucha por la Integración Social y el Derecho Animal: info@aluisa.org, https://linktr.ee/aluisaong, @aluisaorg

Fuente: lanacion